Controversia devela agendas

La controversia generada en diferentes sectores del País por las declaraciones del ayer confirmado juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, sacó a relucir las presiones por establecer el ‘matrimonio’ entre personas del mismo sexo en la Isla.

Durante la vista pública celebrada el domingo en el Senado, el juez Edgardo Rivera García afirmó que no cree en el ‘matrimonio’ homosexual, que la adopción debe seguir siendo regida por el mejor bienestar del menor y que la vida comienza desde el momento de la concepción.

Sobre el tema del matrimonio, citó la definición del Código Civil vigente, incluyendo la sección que prohíbe el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo celebradas en el extranjero. En esa línea, opinó que los tribunales no están para legislar y que cualquier cambio en el estado de derecho le corresponde al pueblo, que es el soberano según la Constitución.

En materia del aborto, citó el artículo del Código Penal de Puerto Rico que lo tipifica como delito y, en ese sentido, dijo estar de acuerdo con el estado de derecho vigente, asegurando que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona. No obstante, reconoció que la jurisprudencia federal—que obliga a Puerto Rico—incluye dentro de los motivos entre los que se puede abortar a la “salud” emocional de la madre.

Con la confirmación del nuevo juez, existe una alta probabilidad de que—según las expresiones de los mismos jueces en otros casos—si llegase el caso solicitando redefinir el matrimonio, tres de ellos podrían votar a favor del “matrimonio” homosexual y cuatro en contra. Queda latente la posibilidad de que un futuro gobierno decida ampliar la cantidad de jueces en el Supremo con dos adicionales, lo que plantearía nuevamente la misma discusión.